Así
lo ha decidido el Ejecutivo, que adoptó este
compromiso ante el pleno y a solicitud también de
las centrales sindicales
Los contratos de servicio que la Ciudad suscriba con
personas físicas, autónomos o profesionales, deberán ser
aprobado previamente por el Consejo de Gobierno e informados
por los Servicios de Intervención de la Ciudad. De esta
forma se pretende evitar la contratación de servicios que
pueda prestar personal de la Ciudad o de empresas
municipales.
A partir de ahora los contratos de servicio que la Ciudad suscriba con personas físicas, autónomos o profesionales, deberán ser aprobado previamente por el Consejo de Gobierno e informados por los Servicios de Intervención de la Ciudad.
Este es, señaló ayer el portavoz, Guillermo Martínez, un “compromiso adquirido por el Gobierno en el pleno de la Asamblea, y que ha sido también solicitado por las centrales sidicales”. “El Gobierno ha considerado pertinente establecer un filtro adicional” para estas contrataciones.
La Ciudad entiende que es necesario “ir aboliendo la práctica de contratación de servicios y en la medida de lo posible intentar prestarlos con recursos propios”. “Además, muchas veces resulta que lo que se está demandando desde una consejería, a lo mejor existe otra o una sociedad municipal que lo pueda prestar; es una cuestión más que nada de conocimiento y de un mayor nivel de control”, señaló Martínez. De esta forma, el Gobierno pretende “ver si entre todos (los consejeros) somos capaces de buscar alternativas porque no todos conocemos todas las áreas de gobierno de forma exhaustiva, ni siquiera todo el personal adscrito a cada una”.
La medida se adopta por tanto en el caso de contratos con personas físicas “porque es el que ha generado algunas controversias por la posibilidad de que haya profesionales en la administración que pueden desempeñar ese puesto de trabajo”, reiteró el portavoz.
A partir de ahora los contratos de servicio que la Ciudad suscriba con personas físicas, autónomos o profesionales, deberán ser aprobado previamente por el Consejo de Gobierno e informados por los Servicios de Intervención de la Ciudad.
Este es, señaló ayer el portavoz, Guillermo Martínez, un “compromiso adquirido por el Gobierno en el pleno de la Asamblea, y que ha sido también solicitado por las centrales sidicales”. “El Gobierno ha considerado pertinente establecer un filtro adicional” para estas contrataciones.
La Ciudad entiende que es necesario “ir aboliendo la práctica de contratación de servicios y en la medida de lo posible intentar prestarlos con recursos propios”. “Además, muchas veces resulta que lo que se está demandando desde una consejería, a lo mejor existe otra o una sociedad municipal que lo pueda prestar; es una cuestión más que nada de conocimiento y de un mayor nivel de control”, señaló Martínez. De esta forma, el Gobierno pretende “ver si entre todos (los consejeros) somos capaces de buscar alternativas porque no todos conocemos todas las áreas de gobierno de forma exhaustiva, ni siquiera todo el personal adscrito a cada una”.
La medida se adopta por tanto en el caso de contratos con personas físicas “porque es el que ha generado algunas controversias por la posibilidad de que haya profesionales en la administración que pueden desempeñar ese puesto de trabajo”, reiteró el portavoz.













